El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Por añadidura, el fenómeno de la corrupción lleva aparejado un elevado coste social y económico
En ese entender, casi un terremoto político han causado las declaraciones al noticiero de Rafael Chacón del empresario casmeño Italo Pizzino. Hasta hoy, no había forma de comprobar como funcionan estas mafias. En esa entrevista radial se resumen la metodología en la persona de un presunto corruptor dispuesto a denunciar.
Se acusa a dos alcaldes distritales de incumplimieto de compromiso. Don Jaime Estrada de Buenavista Alta y Don Marcos Rivero de Comandante Noel, habrían recibido apoyo económico y profesional para finalmente llegar a sus respectivas gestiones municipales, a cambio de darle una posición preponderante para su empresa en las futuras obras a licitarse. Pero, acusa el empresario, los alcaldes ya en ejercicio no cumplieron con sus compromisos.
En el caso del ahora alcalde Jaime estrada, el compromiso era para la obra de las pistas de acceso a ese distrito. Pizzino dice ser autor del proyecto, haber acudido junto con el denunciado para gestionar la obra ante el Ministerio de Vivienda, haber recibido el apoyo de un funcionario casmeño como Moisés López, haberle entregado dinero, llantas, nextel, pasajes, dinero en efectivo , etc, todo con el objetivo de ser favorecido en las licitaciones.
En la denuncia radial, expresa su malestar por haber sido traicionado por este alcalde, quien finalmente otorgó a otro empresario casmeño dicha obra. Prometió entregar al periodista los vouchers que probarían la entrega de dinero,, las constancias de haber ingresado más de 40 veces al Ministerio de Vivienda, sume la responsabilidad de haber puesto a la ingeniera Sheila Legendre a laborar en la municipalidad y también al contador ahora gerente municipal.
Siempre se ha dicho que en las campañas electorales la corrupción se manifiesta cuando ciertos candidatos en busca de financiamiento reciben donaciones monetarias, préstamos de vehículos, etc. de empresas privadas que a cambio recibirían privilegios en las licitaciones de obras. Es decir, las colaboraciones, aportes o donaciones generalmente vienen acompañadas de lo que se ha conocido como “compra de privilegios” o “acceso” a las personas que eventualmente representarían, para facilitar nombramientos o licitaciones, que les beneficie.
Al recurrir excesivamente al financiamiento privado, ponen en peligro los principios que fundamentan la democracia representativa, puesto que en muchos de los casos las donaciones y aportes de personas físicas están relacionando a los partidos políticos con el tráfico de influencias, favorecimientos, abusos de poder y prácticas contrarias al interés público. directamente vinculados con casos de corrupción .
En NUESTRA POSICIÓN, debemos dejar en claro que rodos estos hechos deberían ser motivo de denuncias penales. Se conoce por las estadísticas peruanas que los principales ilícitos penales detectados son peculado, asociación incompatible, cohecho, malversación de fondos, falsedad genérica, y asociación ilícita para delinquir.
De otro lado, el letargo y la pasividad en la aplicación de sanciones a los corruptos y corruptores, la postergación o dilación innecesaria y dolosa en la aplicación de acciones efectivas, la imposición de barreras institucionales, la crítica destructiva que no genera aportes, la falta de compromiso, concertación y participación efectiva de las instituciones y nuestra limitada disposición de diálogo y atención de los problemas ciudadanos, también constituyen una forma de corrupción.
Los efectos perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión del Estado ya que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de los poderes públicos. La percepción generalizada de que “todos somos corruptos” se traduce en la falta de respeto a los empleados y servidores públicos. La corrupción no nos permite un adecuado desarrollo económico y social, acompañado de un crecimiento moral; además, destruye la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al fomentar la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad y afecta al sistema democrático.
