Por Humberto Campodónico
Mediante un acuerdo entre la Compañía Minera Antamina (CMA) y César Álvarez, Presidente de la Región Áncash, la empresa se comprometió a “compensar” a la Región por US$ 24.5 millones en el 2010.
La “compensación” se origina por el Programa de Reinversión de Utilidades por US$ 900 millones al que se ha acogido CMA, lo que originará un menor pago de impuesto a la renta (IR) de US$ 270 millones. Este Programa fue derogado en el 2000, pero sigue vigente para CMA porque tiene un convenio de estabilidad tributaria (1).
Como el 50% del IR es el canon minero para Áncash, CMA va a compensar a la Región de la siguiente manera: le dará US$ 4.1 millones a 128 municipios de la Región, otros US$ 7.5 millones a 18 municipios distritales y US$ 7.8 millones a 8 municipios provinciales. Completa la lista el gobierno regional, con US$ 5 millones. Habrá “compensaciones” adicionales en los años siguientes.
Si se desagrega un poco, vemos, por ejemplo, que el distrito de Cajamarquilla recibirá 2,900 dólares, Pariahuanca 14,512 dólares, Santa tendrá 511,614 dólares y San Marcos, distrito donde está ubicada la mina, 2.6 millones de dólares. Y así todos los distritos.
¿La “compensación” es dinero fresco? No. Los US$ 24.5 millones van a salir del “aporte voluntario” (el óbolo minero) de 3.75% de las utilidades anuales, que fue el compromiso de las empresas en el 2006 para que se deje de lado la promesa electoral de García de cobrar un impuesto a las ganancias extraordinarias.
¿Es legal que la empresa gire cheques o haga obras a los municipios para “compensar”? Eso lo deberán responder los abogados, pero no cabe duda que una peligrosa puerta se abrió en el 2006 cuando se instauró el óbolo, que es administrado por las propias empresas.
En el plano político la cosa es más complicada. Como el Estado abdica de su función elemental de cobrar impuestos, es ahora CMA la que abre la chequera para “compensar”. Al hacerlo, corre el riesgo de involucrarse en cualquier cantidad de conflictos sociales y ambientales por motivos diversos que van desde obras mal ejecutadas hasta pedidos de dinero mayores a los compromisos asumidos.
¿Sabrán los accionistas de BHP Billiton, XStrata, Teck y Mitsubishi, dueñas de Antamina, lo que está pasando con la política de la empresa en el Perú? Quién sabe. Lo que sí se sabe es que Antamina recuperó la inversión de US$ 2,290 millones en solo dos años y, del 2005 al 2009, ha generado utilidades netas de USS 6,620 millones. Lo que continuará estos años porque se mantienen altos los precios del cobre y del zinc, a tal punto que la reinversión de US$ 900 millones del 2010 al 2013 saldrá del propio flujo de caja de esos años (2).
El problema aquí es que, a diferencia de lo que sucedió con el consorcio Camisea a fines del 2006, cuando el Estado llamó a la empresa a renegociar el contrato para “fijar” el precio del gas –lo que consiguió–, en este caso no ha hecho lo mismo. Y cuando comenzó la protesta ancashina, la empresa tomó la iniciativa de “compensar”, lo que puede tener desenlaces imprevisibles.
Ante la ausencia e inacción del Estado, quizá lo que más convenga para la estabilidad social de la Región es que la propia empresa renuncie, motu proprio, al incentivo tributario y pague el IR correspondiente. Veremos qué pasa en el Foro sobre el Canon que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú en Huaraz el 22 y 23 de este mes, que, justamente, está discutiendo estos problemas.
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