POR: CESAR LEVANO
DIRECTOR DEL DIARIO LA PRIMERA
El Congreso de la República ha aprobado una ley que no solo implanta una mordaza para el periodismo, sino que constituye un escudo protector para los funcionarios públicos corruptos o contrarios a la ética.
El texto ahora aprobado había sido denegado por el Congreso anterior. El congresista Jaime Bedoya de Vivanco, quien en aquella ocasión propuso la medida, aplaude lo aprobado ahora, y explica por qué: se había indignado porque se difundiera el famoso mensaje en el que Lourdes Flores menospreciaba el cargo de alcaldesa, al que aspiraba, y pronunciaba palabras que provocaban decirle: ¡cállese, que hay damas!
La doctora Flores ha recordado que en la campaña municipal de 2010 fue víctima de la divulgación de conversaciones obtenidas ilícitamente.
Precisamente, la publicación de esas conversaciones hizo comprender a los lectores que la doctora no era la política severa y equilibrada que se suponía.
En más de una ocasión, la difusión de audios y documentos lícita o ilícitamente obtenidos ha permitido descubrir tramas delictivas o, por lo menos, contrarias a la ética. Es el caso de la grabación con que se reveló que Vladimiro Montesinos pagaba a un congresista de la oposición para que se sumara al oficialismo. Algo parecido ocurrió con los petroaudios.
Los políticos de oficio quieren impedir que se expongan sus actos delictivos o inmorales. Por eso se refugian en la defensa supuesta de la intimidad.
Hace 23 años, la Universidad de Iowa, Estados Unidos, publicó el libro Groping for ethics in journalism (A la búsqueda de una ética en el periodismo). En sus páginas se leen estos párrafos:
“Michael J. Davies, presidente del Kansas City Star y el Times, cree que los gobernantes, como el resto del mundo, tienen derecho a su intimidad y que ésta debe ser respetada por la prensa ‘hasta que su vida privada afecte sus responsabilidades oficiales’ (entrevista del 23 octubre de 1981). Siendo editor en Louisville, reportó un asunto de carácter privado que involucraba al alcalde de la ciudad. Davies recuerda que los bomberos de Louisville se fueron a huelga y que nadie pudo encontrar al alcalde, quien había dicho que iba a Atlanta a atender algún tipo de conferencia. ‘El periódico lo localizó en Nueva Orleans, donde estaba sosteniendo una aventura con su secretaria’, revela el editor.
“Robert W. Greene, gerente asistente del Newsday, cree que la prensa tiene que violar la vida privada de los gobernantes para así poder determinar si ellos, a su vez, están violando la confianza pública (entrevista del 6 de octubre de 1981)… ‘Esto no implica que tengamos que meternos constantemente en esos asuntos, pero el punto es que, cuando las personas se exponen a la luz pública, deben también estar preparadas para un examen bastante a fondo.’”
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