PAUL MC AULEY, PRSIDENTE DE LA RED LORETANA DEL MEDIO AMBIENTE
Ideeleradio.- Agotaré todas las medidas legales para pedir la reconsideración de la resolución de la Dirección General de Migraciones (Digemin) que cancela mi permiso de residencia, aunque aún no me han notificado las razones de mi eventual expulsión, afirmó el religioso inglés Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental Loretana.
“Es un momento muy incómodo y me siento un poco impotente porque tengo que depender del consejo de los abogados y no se cuál es la mejor respuesta [sobre las próximas medidas], confío en ellos. A nivel personal, no tengo otra opción que esperar los últimos días y agotar todas las medidas legales de los abogados”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“No [no sé porque me quieren sacar del país]. No he tenido ninguna comunicación, incluso no hemos podido ni conseguir el atestado [policial], el informe en base al cual se ha redactado la resolución. [...] Estoy muy agradecido por las muestras de apoyo de Lima y de otras partes del país y al final lo que va aplicar es la resolución. Lo que yo quisiera es una reconsideración de esa resolución”, anotó.
Remarcó que su trabajo estuvo siempre enmarcado dentro de los lineamientos de la Iglesia Católica y descartó que su trabajo haya estado vinculado a la política o a aspectos antidemocráticos, como lo sostuvo en la víspera el premier Javier Velásquez Quesquén.
Buscaré una copia del atestado
Anunció que hoy buscará obtener una copia del atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009, al que hace alusión la resolución ministerial 0571-2010-IN.
“No puedo imaginar [como es que yo he estado soliviantando y haciendo política]. Yo estoy trabajando dentro de los lineamientos de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, me imagino que algunos que leen textos para apoyar a los derechos humanos, lo ven como una amenaza, pero son documentos en base a la fe cristiana”, aclaró.
“Hoy vamos a ir con los abogados para intentar obtener una copia, porque yo tengo entendido hay un informe de agosto del 2009 sobre mi trabajo y si había algo negativo me sorprende, que en setiembre del mismo año 2009, renueven mi permanencia en el país”, anotó.
Se pidió aplicación de la Ley de Consulta
Dijo entender que este jueves a las 9 de la mañana, según la decisión del Gobierno, ya no debería estar en el país. Remarcó que la labor de la Red Ambiental Loretana es voluntaria y que se basa en la educación de aspectos vinculados a los derechos humanos y el medio ambiente.
“Soy miembro de una congregación religiosa de educadores, mi trabajo es en educación ambiental, educación en derechos de medio ambiente, de derechos humanos. La Red Ambiental es una asociación de voluntarios, no somos ONG, nadie recibe sueldo, entonces nuestro trabajo consiste en educar en los pueblos donde nos invitan y universidades, [en temas] vinculados a la exportación de recursos naturales en la Selva”, aseveró.
“Todo eso viene como una sorpresa, nosotros colaboramos con el gobierno regional, somos miembros de las comisiones regionales ambientales de la ciudad, somos base [de] la sociedad civil, somos nosotros los que hemos exigido la aplicación de la ley peruana, sobre todo en el caso de concesiones forestales, ganados en el Tribunal Constitucional [con] una acción de amparo, y esta sentencia nunca ha sido aplicada aquí en la Selva, entonces estamos pidiendo la aplicación de la Ley de Consulta, de manera democrática, educando sobre los derechos, nada más”, concluyó.
“Es un momento muy incómodo y me siento un poco impotente porque tengo que depender del consejo de los abogados y no se cuál es la mejor respuesta [sobre las próximas medidas], confío en ellos. A nivel personal, no tengo otra opción que esperar los últimos días y agotar todas las medidas legales de los abogados”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“No [no sé porque me quieren sacar del país]. No he tenido ninguna comunicación, incluso no hemos podido ni conseguir el atestado [policial], el informe en base al cual se ha redactado la resolución. [...] Estoy muy agradecido por las muestras de apoyo de Lima y de otras partes del país y al final lo que va aplicar es la resolución. Lo que yo quisiera es una reconsideración de esa resolución”, anotó.
Remarcó que su trabajo estuvo siempre enmarcado dentro de los lineamientos de la Iglesia Católica y descartó que su trabajo haya estado vinculado a la política o a aspectos antidemocráticos, como lo sostuvo en la víspera el premier Javier Velásquez Quesquén.
Buscaré una copia del atestado
Anunció que hoy buscará obtener una copia del atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009, al que hace alusión la resolución ministerial 0571-2010-IN.
“No puedo imaginar [como es que yo he estado soliviantando y haciendo política]. Yo estoy trabajando dentro de los lineamientos de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, me imagino que algunos que leen textos para apoyar a los derechos humanos, lo ven como una amenaza, pero son documentos en base a la fe cristiana”, aclaró.
“Hoy vamos a ir con los abogados para intentar obtener una copia, porque yo tengo entendido hay un informe de agosto del 2009 sobre mi trabajo y si había algo negativo me sorprende, que en setiembre del mismo año 2009, renueven mi permanencia en el país”, anotó.
Se pidió aplicación de la Ley de Consulta
Dijo entender que este jueves a las 9 de la mañana, según la decisión del Gobierno, ya no debería estar en el país. Remarcó que la labor de la Red Ambiental Loretana es voluntaria y que se basa en la educación de aspectos vinculados a los derechos humanos y el medio ambiente.
“Soy miembro de una congregación religiosa de educadores, mi trabajo es en educación ambiental, educación en derechos de medio ambiente, de derechos humanos. La Red Ambiental es una asociación de voluntarios, no somos ONG, nadie recibe sueldo, entonces nuestro trabajo consiste en educar en los pueblos donde nos invitan y universidades, [en temas] vinculados a la exportación de recursos naturales en la Selva”, aseveró.
“Todo eso viene como una sorpresa, nosotros colaboramos con el gobierno regional, somos miembros de las comisiones regionales ambientales de la ciudad, somos base [de] la sociedad civil, somos nosotros los que hemos exigido la aplicación de la ley peruana, sobre todo en el caso de concesiones forestales, ganados en el Tribunal Constitucional [con] una acción de amparo, y esta sentencia nunca ha sido aplicada aquí en la Selva, entonces estamos pidiendo la aplicación de la Ley de Consulta, de manera democrática, educando sobre los derechos, nada más”, concluyó.
DESDE CASMA NUESTRA SOLIDARIDAD CON PAUL Y RECHAZAMOS LA POLITICA REPRESIVA DEL GOBIERNO APRISTA DE ALAN GARCIA Y AMIGOS
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