Este 7 de abril se cumplió un año de la sentencia histórica contra el ex presidente Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos. Un segundo tribunal de la Corte Suprema ratificó el fallo y la sentencia de 25 años de cárcel.
El proceso judicial contra Fujimori ha sido saludado por observadores nacionales e internacionales como un caso ejemplar de impartir la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. No sólo es la primera vez que un ex presidente peruano ha tenido que responder ante la ley por sus acciones en temas de derechos humanos, sino es también la primera vez en el mundo que un ex jefe de Estado ha sido extraditado y juzgado por delitos de esa naturaleza.
El juicio a Fujimori representa un momento clave en la historia del Poder Judicial del Perú. No hay que olvidar que durante el conflicto armado interno, esta institución jugó un rol nefasto al no tener capacidad para investigar y asignar responsabilidades en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Cuando le llegaba una denuncia de violación a los derechos humanos, lo más común era que se archivaba o se la pasaba al fuero militar donde los inculpados tenían asegurada la impunidad.
Luego, en la década de los 90, es de conocimiento común de que el Poder Judicial,lejos de actuar como el poder autónomo que en teoría es, fue sistemáticamente sometido al Poder Ejecutivo. Por ello vale la pena recordar tres momentos claves en el juicio a Fujimori, que lo establece como un momento trascendental para el Poder Judicial peruano.
El primero ocurrió el primer día del juicio. Luego de la lectura de la acusación fiscal, el juez César San Martín preguntó a Fujimori si aceptaba o rechazaba la acusación. Fujimori contestó con un largo y exaltado discurso de corte más político que legal. Apelando a la memoria de los peruanos sobre el caos económico y político en que encontró al país al asumir la presidencia, afirmó que gracias a él hoy el Perú disfrutaba de una economía sólida y una democracia estable. Al darse cuenta que estaba perdiendo control del escenario, San Martín indicó a Fujimori que respondiera si aceptaba o no los cargos.
El primero ocurrió el primer día del juicio. Luego de la lectura de la acusación fiscal, el juez César San Martín preguntó a Fujimori si aceptaba o rechazaba la acusación. Fujimori contestó con un largo y exaltado discurso de corte más político que legal. Apelando a la memoria de los peruanos sobre el caos económico y político en que encontró al país al asumir la presidencia, afirmó que gracias a él hoy el Perú disfrutaba de una economía sólida y una democracia estable. Al darse cuenta que estaba perdiendo control del escenario, San Martín indicó a Fujimori que respondiera si aceptaba o no los cargos.
Fujimori, sin embargo, seguía con su discurso, en un estado casi de exaltación. Frente a ello, San Martin tuvo que imponerse y dijo con mucha firmeza: “Señor Fujimori, aquí en este tribunal mando yo”. Acto seguido clarificó para Fujimori y para todos los espectadores que ese era un juicio judicial y no político, y que como acusado Fujimori tenía que someterse a las reglas del proceso legal.
El segundo momento ocurrió durante la tercera sesión del juicio. El interrogatorio del Ministerio Público, que había comenzado ambiguamente con la participación del Fiscal Supremo José Peláez Bardales, continuó bajo la dirección del Fiscal Adjunto Avelino Guillen. Este comenzó clarificando el orden de las cosas: “Yo pregunto. Usted responde. ¿Me entendió?” Con autoridad, comenzó su interrogatorio de manera firme y seguro. En un momento, frente a la actitud retadora de Fujimori, evidente en su lenguaje corporal ya que se encontraba desparramado sobre su silla, Guillen le exhortó, “Siéntese bien, señor acusado. Usted está en un tribunal de justicia”. Ante tal exhortación Fujimori se desconcertó.
El segundo momento ocurrió durante la tercera sesión del juicio. El interrogatorio del Ministerio Público, que había comenzado ambiguamente con la participación del Fiscal Supremo José Peláez Bardales, continuó bajo la dirección del Fiscal Adjunto Avelino Guillen. Este comenzó clarificando el orden de las cosas: “Yo pregunto. Usted responde. ¿Me entendió?” Con autoridad, comenzó su interrogatorio de manera firme y seguro. En un momento, frente a la actitud retadora de Fujimori, evidente en su lenguaje corporal ya que se encontraba desparramado sobre su silla, Guillen le exhortó, “Siéntese bien, señor acusado. Usted está en un tribunal de justicia”. Ante tal exhortación Fujimori se desconcertó.
Tal vez fue el primer momento en que se dio cuenta de su condición de acusado, de encontrarse sujeto a un sistema de leyes que lo estaba juzgando no por su gestión como presidente sino por su rol en cuatro casos muy específicos de violaciones a los derechos humanos.
Hubieron otros momentos importantes durante el juicio pero estos dos momentos en sí simbolizan un principio básico de una sociedad que se basa en el derecho: todos somos iguales ante la ley. Ese no es el sentido común sobre la justicia en el Perú, pero el proceso judicial contra Alberto Fujimori demostró que en una sociedad que aspira a basarse en leyes, se puede juzgar hasta a un ex jefe de Estado por graves faltas cometidas durante su régimen. Eso lleva al último momento en el que el juez San Martín impartió la decisión final del tribunal que tuvo a su cargo, a lo largo de 15 meses, un proceso judicial difícil y complejo.
Hubieron otros momentos importantes durante el juicio pero estos dos momentos en sí simbolizan un principio básico de una sociedad que se basa en el derecho: todos somos iguales ante la ley. Ese no es el sentido común sobre la justicia en el Perú, pero el proceso judicial contra Alberto Fujimori demostró que en una sociedad que aspira a basarse en leyes, se puede juzgar hasta a un ex jefe de Estado por graves faltas cometidas durante su régimen. Eso lleva al último momento en el que el juez San Martín impartió la decisión final del tribunal que tuvo a su cargo, a lo largo de 15 meses, un proceso judicial difícil y complejo.
Con una claridad excepcional, San Martin explicó cómo había procedido el tribunal y cómo, a la luz de la evidencia presentada, había llegado a la conclusión “racional y absoluta” de que Fujimori era culpable de ser el autor mediato de los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta, y los secuestros Gorriti/Dyer. La secretaria de la Sala procedió a enumerar 247 hechos que, tomados en su conjunto, llevaron al tribunal fallar a favor de la culpabilidad de Fujimori.
Quienes observamos la exposición de la secretaria no podemos olvidar cómo la exposición de cada hecho comenzaba con la pregunta,“¿Está probado que…?” y terminaba con el afirmativo, “Sí, lo está” —un estilo claro y didáctico que representó un esfuerzo de la Sala de hacer comprensible para el público común un caso complejo, de enorme significancia, y ciertamente controvertido. Finalmente, San Martín explicó que, dada la gravedad de los crímenes, así como la naturaleza del acusado como jefe de Estado al momento de cometerse los mismos, el tribunal acordó de manera unánime aplicar la pena máxima permitida por la ley peruana de 25 años de cárcel.
Hoy en día, causa preocupación e indignación observar que otros casos de violaciones de derechos humanos no están siendo procesados en el Poder Judicial con el mismo rigor y estándares que fueron evidentes en el juicio a Fujimori. Hay muchas razones para ello, que examinaremos en otra oportunidad.
Por ahora queremos recordar este momento de justicia impartido hace un año por un tribunal peruano y felicitar a quienes lo hicieron posible: desde los sobrevivientes y los familiares de las víctimas y el movimiento de derechos humanos, hasta el periodismo independiente, líderes de la oposición y autoridades políticas y operadores de la justicia. Su labor colectiva hizo posible que, por esta vez al menos, prevalezca la verdad y la justicia.
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