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Los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades legislativas tienen como objetivo exonerar de responsabilidad a los violadores a derechos humanos y a la gente corrupta, expresó Luis Pásara, consultor internacional en materia de justicia.
“Creo que hay distintos objetivos para cada decreto, uno es evidentemente facilitar no solamente el procesamiento como dicen sino facilitar la exoneración de responsabilidad de violadores de derechos humanos y de gente corrupta que ha cometido delitos comunes de apropiaciones ilícitas que son vinculados al patrimonio del Estado y que pertenecían a la institución militar. Otro de los objetivos de estos decretos es que concede impunidad a delitos comunes que puedan ser cometidos en el futuro por las Fuerzas Armadas en control del orden social”, dijo en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
El jurista dijo que los artículos que contienen las normas específicas de los Decretos Legislativos son inconstitucionales y que ninguna exposición de motivos, ni la del sector Justicia ni la del Ministerio de Defensa, puede justificar su emisión.
Al comentar el decreto legislativo 1094 referido a la aplicación del nuevo Código penal militar policial, Pásara calificó como una vergüenza dicho dispositivo, al señalar que los militares no deben administrar justicia.
“A medida que la democracia se ha acentuado en nuestros países, una de las consecuencias de estos procesos es colocar a los militares en el lugar que les corresponde y eso no es dicho con desprecio y falta de respeto. No deben los militares administrar justicia por delitos comunes. Es una vergüenza”, remarcó.
En otro momento, sostuvo que existe una expectativa por lo que puedan hacer los magistrados en relación a la aplicación de los decretos, pero se mostró confiado en que no los acatarán.
“Frente a estos cuatros decretos legislativos que ha aprobado el Ejecutivo, nos queda fundamentalmente la expectativa de ver que hacen los jueces y si efectivamente ejercen lo que se llama el control de la constitucionalidad. Es decir la verificación de que aquello que se ha puesto como contenido, como obligaciones, como mandatos en los decretos. Si se atiene o no a la Constitución”, señaló.
“Yo tengo expectativas razonables de que haya cuando menos varios jueces que se atrevan a cumplir su función, con aquello que la Constitución les manda, que es desechar estos decretos espurios abiertamente inconstitucionales”, finalizó.
“Creo que hay distintos objetivos para cada decreto, uno es evidentemente facilitar no solamente el procesamiento como dicen sino facilitar la exoneración de responsabilidad de violadores de derechos humanos y de gente corrupta que ha cometido delitos comunes de apropiaciones ilícitas que son vinculados al patrimonio del Estado y que pertenecían a la institución militar. Otro de los objetivos de estos decretos es que concede impunidad a delitos comunes que puedan ser cometidos en el futuro por las Fuerzas Armadas en control del orden social”, dijo en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
El jurista dijo que los artículos que contienen las normas específicas de los Decretos Legislativos son inconstitucionales y que ninguna exposición de motivos, ni la del sector Justicia ni la del Ministerio de Defensa, puede justificar su emisión.
Al comentar el decreto legislativo 1094 referido a la aplicación del nuevo Código penal militar policial, Pásara calificó como una vergüenza dicho dispositivo, al señalar que los militares no deben administrar justicia.
“A medida que la democracia se ha acentuado en nuestros países, una de las consecuencias de estos procesos es colocar a los militares en el lugar que les corresponde y eso no es dicho con desprecio y falta de respeto. No deben los militares administrar justicia por delitos comunes. Es una vergüenza”, remarcó.
En otro momento, sostuvo que existe una expectativa por lo que puedan hacer los magistrados en relación a la aplicación de los decretos, pero se mostró confiado en que no los acatarán.
“Frente a estos cuatros decretos legislativos que ha aprobado el Ejecutivo, nos queda fundamentalmente la expectativa de ver que hacen los jueces y si efectivamente ejercen lo que se llama el control de la constitucionalidad. Es decir la verificación de que aquello que se ha puesto como contenido, como obligaciones, como mandatos en los decretos. Si se atiene o no a la Constitución”, señaló.
“Yo tengo expectativas razonables de que haya cuando menos varios jueces que se atrevan a cumplir su función, con aquello que la Constitución les manda, que es desechar estos decretos espurios abiertamente inconstitucionales”, finalizó.
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