CORRUPTOS EN CAPILLA

POR: CESAR LEVANO

DIARIO LA PRIMERA

Oportuno y trascendente es el acuerdo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República que propone sancionar la corrupción de funcionarios públicos. De ser aprobada también por el pleno del Congreso, puede ser un primer paso contra un crimen que desde la iniciación de la República corroe al país.

El proyecto de ley declara imprescriptibles los delitos graves de corrupción de funcionarios públicos. Eso quiere decir que algunos personajes, como el expresidente Alan García, cuyo enriquecimiento es un grueso cuerpo del delito y cuyas culpas en el faenón del tren eléctrico fueron limpiados gracias a un discutible plazo de prescripción, no podrían en lo futuro acogerse a ese manto de impunidad.

Adicionalmente, el proyecto establece como pena la inhabilitación de los corruptos para cualquier cargo público.

La iniciativa declara, por otra parte, sancionable no sólo al funcionario corrupto, sino también a la persona o empresa que corrompe. Habrá castigo para los coimeados y para los coimeadores.

La propuesta modifica el artículo 41 de la Constitución, el cual, en su texto actual, no declara la corrupción pública como imprescriptible. Esa redacción hizo posible que muchos verdaderos delincuentes y estafadores, después de ser levemente penados, volvieran a ser candidatos y a torcer funciones y dañar posibilidades nacionales.

Significativo es que la aprobación del proyecto registrara la abstención del Grupo Parlamentario Fujimorista y de la Alianza por el Gran Cambio. Los portavoces de esas bancadas, Luz Salgado y Javier Bedoya de Vivanco, respectivamente, indican que la derecha, va a intentar oponerse o debilitar medidas que apuntan contra la corrupción. Por algo será.

Mientras la proposición se debatía y aprobaba en la Comisión legislativa, dos escándalos sacudían los nervios del país. Un congresista de Gana Perú, Amado Romero, fue descubierto como lobista para mineros ilegales, que pagaban sus servicios en lingotes de oro. Había en eso un flagrante conflicto de intereses y una violación abierta del Código de Ética Parlamentaria.

Aún más infamante es el caso de Néstor Valqui, congresista del Fujimorista Fuerza 2011. Se denunció que era dueño de un prostíbulo disfrazado de discoteca y hostal en Yanacancha, Cerro de Pasco. Valqui ha dicho que ese local fue de su propiedad, pero lo vendió hace algún tiempo. Sin embargo, Cecilio Caña, alcalde de Yanacancha, aseguró a Radioprogramas del Perú que la licencia del night club Discotek Calusi es hoy de Edy Estrada Atencio, esposa del congresista. Por si fuera poco, se ha descubierto que éste fue condenado hace años por ejercer el proxenetismo.

Valqui quería prostituir la función congresal.