Acertada es la decisión de la Fiscalía de la Nación de reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas como política de Estado bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Más de 300 mil a mujeres, más de 18,000 vasectomías a varones, 18 personas muertas a causa del procedimiento dibujan una matanza impune, que los autores quieren, por supuesto, silenciar.
El alto número de esterilizaciones basta para comprender que hubo una orden desde arriba. Torpe es la excusa de que fueron voluntarias. El congresista Alejandro Aguinaga, que era ministro de salud en el momento de ese crimen en masa, sabe –no puede haber olvidado en la comodidad de su curul– que cientos de médicos recibieron la orden y hasta el número de víctimas que debían sacrificar.
Aguinaga debiera ser el primer comprometido en el proceso.
Interesante sería también escuchar la opinión del Cardenal Juan Luis Cipriani, quien asegura oponerse al aborto porque defiende la vida. ¿Sabe Su Eminencia cuántas vidas fueron evitadas y cuántas muertes causadas por la política siniestra de su admirado Fujimori?
La operación no ocurrió en silencio. Fue denunciada oportunamente por organismos de derechos humanos y las escasas prensa y radio independientes. Ni Fujimori ni Aguinaga escucharon. No les importaron el sufrimiento físico y psicológico de cientos de miles de mujeres. No les conmovieron el dolor de hogares truncos, la vergüenza de las víctimas.
Entre las personas que clamaron contra el crimen estuvo la hoy parlamentaria andina de Gana Perú Hilaria Supa Huamán. En 2001, un valiente grupo de campesinas de Anta, Cusco, vino a Lima, encabezado por Hilaria, para denunciar las operaciones forzadas.
La Fiscalía de entonces, sin duda por orden superior, archivó el caso. Así lo informa Aurelia Paccohuanca, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por la Esterilización en el Cusco, organización que tiene más de dos mil mujeres que sufrieron la política Fujimori-Aguinaga.
El desmán Fujimorista se quiso encubrir como política de planificación familiar con la mira de reducir la pobreza. Una estupidez que equivale a creer que para acabar con la pobreza lo mejor es eliminar a los pobres.
Hay en esa forma de darwinismo social una entonación racista. Por algo se eligió, para aplicarlo, zonas campesinas, en particular del área quechua.
La decisión peruana ha tenido favorable acogida en el ámbito continental, no sólo en el nacional. Ello demuestra su acierto.
La medida fortalece la convicción de que las violaciones a los derechos humanos, que no prescriben, merecen sanción drástica.
Coletta Youngers, asesora de la Washington Office for Latin America (WOLA), declaró ayer que la decisión de la Fiscalía refleja la preocupación y el respeto del Perú por los derechos humanos.
El alto número de esterilizaciones basta para comprender que hubo una orden desde arriba. Torpe es la excusa de que fueron voluntarias. El congresista Alejandro Aguinaga, que era ministro de salud en el momento de ese crimen en masa, sabe –no puede haber olvidado en la comodidad de su curul– que cientos de médicos recibieron la orden y hasta el número de víctimas que debían sacrificar.
Aguinaga debiera ser el primer comprometido en el proceso.
Interesante sería también escuchar la opinión del Cardenal Juan Luis Cipriani, quien asegura oponerse al aborto porque defiende la vida. ¿Sabe Su Eminencia cuántas vidas fueron evitadas y cuántas muertes causadas por la política siniestra de su admirado Fujimori?
La operación no ocurrió en silencio. Fue denunciada oportunamente por organismos de derechos humanos y las escasas prensa y radio independientes. Ni Fujimori ni Aguinaga escucharon. No les importaron el sufrimiento físico y psicológico de cientos de miles de mujeres. No les conmovieron el dolor de hogares truncos, la vergüenza de las víctimas.
Entre las personas que clamaron contra el crimen estuvo la hoy parlamentaria andina de Gana Perú Hilaria Supa Huamán. En 2001, un valiente grupo de campesinas de Anta, Cusco, vino a Lima, encabezado por Hilaria, para denunciar las operaciones forzadas.
La Fiscalía de entonces, sin duda por orden superior, archivó el caso. Así lo informa Aurelia Paccohuanca, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por la Esterilización en el Cusco, organización que tiene más de dos mil mujeres que sufrieron la política Fujimori-Aguinaga.
El desmán Fujimorista se quiso encubrir como política de planificación familiar con la mira de reducir la pobreza. Una estupidez que equivale a creer que para acabar con la pobreza lo mejor es eliminar a los pobres.
Hay en esa forma de darwinismo social una entonación racista. Por algo se eligió, para aplicarlo, zonas campesinas, en particular del área quechua.
La decisión peruana ha tenido favorable acogida en el ámbito continental, no sólo en el nacional. Ello demuestra su acierto.
La medida fortalece la convicción de que las violaciones a los derechos humanos, que no prescriben, merecen sanción drástica.
Coletta Youngers, asesora de la Washington Office for Latin America (WOLA), declaró ayer que la decisión de la Fiscalía refleja la preocupación y el respeto del Perú por los derechos humanos.
FUENTE: DIARIO LA PRIMERA
